Violencia viene de vis, que significa fuerza en latín, pero a su vez viene del griego bios, que significa vida.
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| Foto cortesía de Juan Diego Molina. De izquierda a derecha: S.P.B., Carlos Malaumud y Pilar Latasa |
Comencé con esta breve digresión, el pasado 28 de noviembre de 2025, mi intervención en el tribunal de la tesis doctoral de Juan Diego Molina, «El cambio político en Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010)».
La digresión fue necesaria para que nuestro auditorio comprendiera la magnitud de los problemas a los que se enfrentó Juan Diego Molina, un estudiante doctoral de origen guatemalteco-español, a cuyo tribunal fui invitado por el profesor Pablo Pérez.
Se suele decir que la orografía colombiana es, después de la del Tíbet, una de las más accidentadas del planeta: no se trata de un
territorio homogéneo, sino de una constelación de ciudades separadas por abismos y cordilleras.
Esa geografía no es un simple decorado; es un actor histórico que ha condicionado la forma del
Estado, la economía y, por supuesto, los mecanismos de seguridad y de guerra. Durante décadas,
esas montañas han funcionado como murallas que dificultan que la autoridad central se proyecte
de manera efectiva sobre valles, selvas y llanuras.
Desde esa premisa, la pregunta que recorre mi lectura de esta tesis es la siguiente: ¿hasta
qué punto esa geografía imposible ayuda a explicar la tentación histórica de ciertos hacendados y
empresarios regionales de privatizar su seguridad, en lugar de apostar por un Estado capaz de
garantizarla en todo el territorio?
Si el Ejército tarda días en cruzar una cordillera para proteger una finca o una carretera estratégica, el actor local tiende a buscar soluciones propias. La tesis de Juan Diego muestra con claridad cómo, en distintos momentos, esa respuesta ha tomado la forma de organizaciones armadas privadas, cooperativas de vigilancia o estructuras paramilitares, con consecuencias de largo alcance para el orden institucional.
Entrando ya en el periodo 2002‑2010, el trabajo asume un reto mayúsculo: analizar lo
que denominamos historia del tiempo presente. No hay nada más difícil que estudiar un pasado
que todavía condiciona la conversación pública y las pasiones políticas. El doctorando ha optado
por reconstruir la reingeniería institucional del Estado bajo la llamada Seguridad Democrática,
evitando caer en la mera polémica coyuntural sobre la figura de Álvaro Uribe. La tesis distingue
con acierto dos planos complementarios: por un lado, la recuperación del control territorial y del
monopolio de la fuerza; por otro, los costes institucionales de ese proceso, visibles en la
parapolítica, las tensiones con la Corte Suprema, los escándalos de inteligencia y las violaciones
de derechos humanos.
Un mérito relevante del manuscrito es que no se limita a repetir lecturas militantes,
positivas o negativas, sino que sitúa este ciclo en un continuum histórico más amplio, que
arranca en la Violencia de mediados del siglo XX, pasa por el Frente Nacional y llega hasta el
Plan Colombia y el Plan Patriota. En esta línea, el trabajo dialoga con autores como Marco
Palacios, Frank Safford o Francisco Leal Buitrago para mostrar cómo Colombia pasó, en los
años noventa, de ser uno de los países más violentos del mundo a ensayar un modelo de Estado
fuerte que busca combinar autoridad, mercado y apertura democrática.
Desde el punto de vista del análisis político, es sugerente observar que el giro hacia un
proyecto de orden y seguridad sea liderado por un presidente que procede del Partido Liberal, lo
que obliga a matizar las categorías clásicas de “derecha” e “izquierda” y a hablar más bien de
tradiciones conservadoras, tecnocráticas o populistas que se remontan, a juicio del historiador
Santiago Pérez Zapata, a la época de Núñez y Caro en la Regenaración y que se reconfiguran cien años después en clave de Posguerra Fría.
Con estas observaciones, quiero cerrar reiterando dos ideas. La primera: el trabajo de
Juan Diego Molina constituye una contribución original al estudio del Estado colombiano
contemporáneo, por su capacidad de integrar historia, ciencia política y análisis jurídico sin caer
en simplificaciones ideológicas. La segunda: el debate que abre sobre la relación entre geografía,
seguridad y arquitectura institucional no concierne solo a Colombia, sino que interpela a
cualquier sociedad que se enfrenta al dilema de cómo garantizar el orden sin sacrificar el
pluralismo ni la libertad. Me permito, por ello, felicitar nuevamente al doctorando y animarle a
transformar esta investigación en una publicación que pueda dialogar con la historiografía
internacional sobre Estado, violencia y seguridad en el mundo iberoamericano…




